Por Misraim Olea Echeverría
La revocación de mandato que tendrá lugar el próximo 10 de abril ha sido tan decepcionante que sin duda será objeto de estudio en un futuro, es un claro ejemplo de lo que no debería ser y de cómo un mecanismo democrático puede ser tergiversado para beneficiar a quien ostenta el poder.
El 20 de febrero Andrés Manuel López Obrador visitó Chilpancingo, ese mismo día la capital y ciudades aledañas así como Acapulco despertaron con anuncios espectaculares y pintas promoviendo la imagen del Presidente y convocando a votar a favor de la continuidad de su mandato.
Esto no tendría mayor relevancia, si no fuera porque las pintas y espectaculares no fueron registradas ante el Instituto Nacional Electoral, violando así la ley vigente.
Para evitar que se haga propaganda con recursos públicos, de procedencia ilícita y evitar rebasar el tope de gastos, el INE debe llevar un control de espectaculares, pintas y propaganda en general, a estos se les asigna un número de registro que permite a la autoridad electoral llevar control.
En los cientos de espectaculares que vemos en Guerrero a ninguno se le puede apreciar el número de registro ¿quién o quienes están pagando por esa costosísima propaganda?
Mario Delgado, presidente de MORENA a nivel nacional insiste en que “ciudadanos organizados” absorbieron el costo, pero ¿quienes son esos ciudadanos organizados?
Hasta la fecha no han podido demostrar esto, principalmente porque también tienen que informar de dónde vienen los recursos.
Hacer promoción a favor del Presidente no está mal, lo que está mal es que se utilicen los recursos del pueblo, que se viole la ley, que se manipule a la gente y que traten a la ciudadanía como ignorantes.
Este jueves 17 de marzo, el Senado de la República ha aprobado el decreto que permite al Presidente y a funcionarios hablar de la revocación de mandato, sumándose así a una campaña violatoria de la ley a todas luces.
La primera revocación de mandato sin duda será histórica, no por sus resultados, sino por sus muchos defectos, violaciones a la ley y la simulación con la que se construyó.