Por Misraim Olea Echeverría
El proceso de entrega – recepción conlleva un análisis minucioso de lo que reciben los gobiernos entrantes y lo que presentan los salientes. Dicho proceso se realiza para verificar que las administraciones que han concluido su periodo hayan utilizado los recursos públicos de manera eficaz y efectiva.
La entrega – recepción es el mecanismo que evita el famoso “año de Hidalgo”. En este proceso se verifican que los gastos realizados, los programas aplicados y el equipamiento con el que funcionan las diferentes áreas del gobierno, correspondan con lo presentando.
En México, dentro de este proceso, se deja a un lado una de las áreas importantes de los gobiernos, el de las redes sociales digitales. Y es importante porque las cuentas oficiales son el vínculo entre el gobierno y el ciudadano.
En Guerrero es usual ver que que cada tres años algunas páginas de Facebook, cuentas de Twitter, incluso de Instagram de los gobiernos municipales cambian de nombre, se vuelven a crear o simplemente dejan de utilizarse, como si la administración anterior no hubiera existido.
La importancia de que los gobiernos entrantes continúen trabajando y alimentando las cuentas de redes oficiales de lo municipios o del estado, permite que la ciudadanía usuaria de estas plataformas, continúe el vínculo establecido con el gobierno.
Recordemos que son estas redes las que pueden ayudar a retroalimentar, muestran el pulso de la sociedad, e incluso son un medio para hacer llegar información relevante al gobierno.
Hasta el momento, heredar la cuentas oficiales de una administración es una cuestión de voluntad; nada en la ley establece la obligación de entregarlas.
La comunicación de los gobiernos a través de las redes sociales digitales debería ser parte formal de la entrega – recepción. En una era en el que la transparencia y la rendición de cuentas son ya parte de la vida pública, las redes sociales deberían integrarse y obligar a los gobiernos a entregar estas importantes plataformas, que junto a la atención a usuarios, son el enlace más próximo al gobernado.
Quizá para algunas personas la redes sociales digitales son una distracción, para muchas otras son herramientas de información que deberían formalizar su participación en la vida pública, legalizar su uso y administración en los gobiernos mejorará las prácticas institucionales y dará mayor certeza en lo que se lee en ellas.