ACAPULCO, Gro., 11 de junio de 2020.- Integrantes de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres informaron que luego de un año y tres meses, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación federal (Segob) declaró una segunda alerta de violencia de género contra las mujeres, esta vez por agravio comparado.

Dicha resolución ubicó a Guerrero como el segundo estado del país después de Veracruz, en contar con una nueva alerta ante el incumplimiento de las recomendaciones de la primera.

Durante una conferencia desde el Facebook del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, advirtieron que la resolución establece que el gobierno estatal deberá adoptar acciones necesarias para efectuar las medidas de seguridad, prevención y justicia, para garantizar el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, particularmente a la salud sexual y reproductiva. 

Asimismo en un plazo de 30 días contados a partir de la notificación de la declaratoria, publicada el 5 de junio, el gobierno del estado deberá enviar a la Conavim, un programa de trabajo, así como los recursos presupuestales, humanos y financieros que serán asignados para hacer frente a la declaratoria.

La integrante en Guerrero del Observatorio Ciudadano de Violencia contra las Mujeres, Viridiana Gutiérrez Hernández dijo que la emisión de esta segunda alerta da la razón a las organizaciones de los reclamos que han hecho desde hace más de cuatro años.

“Significa que hoy se reafirma un contexto de violencia en Guerrero muy grave para las mujeres y un estado que no está garantizando ni cumpliendo nuestros derechos como mujeres”, expuso.

Hizo un llamado a la Conavim ante la cercanía del año electoral en Guerrero, pues advirtió que si el proceso no se acelera, el gobierno que llegue del partido que sea, tendrá que apenas comenzarlo.

Reclamó que durante seis meses el Estado no tuvo capacidad para garantizar las acciones del cumplimiento de las recomendaciones que hicieron en un primer momento, de ahí que exista una segunda declaratoria de alerta y esta vez por agravio comparado.

Gutiérrez Hernández mencionó que una de las recomendaciones emitidas fue la modificación de la Norma 046 al Código Penal de Guerrero, recomendación que no fue acatada por el gobierno estatal; no obstante que también hubo recomendaciones a la Secretaría de Salud para modificar política pública y que capacitara al personal para la atención de las mujeres víctimas, contar con una guía de interrupción legal del embarazo, para así dar certeza jurídica al cumplimiento, pero tampoco fue cumplida ante violencia sexual.

El integrante del Observatorio, Rodolfo Domínguez Marqués subrayó que la nueva declaratoria evidencia un contexto grave de discriminación contra las guerrerenses, por el marco legal penal y la ausencia de una política pública que no garantiza el acceso a los servicios especializados del sector salud como la interrupción legal del embarazo.

Sugirió la instauración de un mecanismo de vigilancia para el cumplimiento de esta nueva declaratoria, e incluya indicadores que permitan evaluar los procesos, los resultados y el impacto de las medidas para hacer frente al agravio comparado que existe en Guerrero.

Las organizaciones promoventes fueron Justicia, Derechos Humanos y Género, así como el Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (Obvio), con el acompañamiento del Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Mujeres, Voz y Rostro de La Montaña, Red Feminista de Acapulco, ReDefine Guerrero, Aliadas por la Justicia.

Grupo Interdisciplinario por la Igualdad, Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres; Mexfam, Comunidad Raizubia, Mujeres y Hombres por la Equidad, Mujeres de Tlapa, A.C., Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, 100 Mujeres en Huelga, Grupo 8 de Marzo, Mujeres Guerrerenses por la Democracia, entre otras.

Esta mañana que comenzó la conferencia, se desarrolló de manera simultánea una protesta virtual para exigir el cumplimiento de las medidas y que pudieran comenzar a aplicarse.