Por: Misael Habana de los Santos.
En este país de injusticias quien imparte justicia es una institución con graves problemas de credibilidad y aceptación en la población.
Caer en manos de jueces y magistrados para que hagan su trabajo y busquen la justicia que reclaman los ciudadanos afectados hay que tener dinero y valor para enfrentar a esta máquina creada exprofeso al servicio de los poderosos.
El problema del Poder Judicial continúa vigente, incluso hoy de manera más pronunciada. Recientemente se ha declarado oficialmente en huelga, aunque, según la información disponible, estarán atentos a lo que suceda con la demanda de justicia de la población. Sin embargo, esto solo pone de manifiesto una realidad que ha sido evidente durante muchos años: el Poder Judicial no ha estado verdaderamente comprometido con atender las demandas de justicia de la ciudadanía. No ha priorizado la búsqueda de la injusticia para hacer justicia a favor de la sociedad; más bien, ha protegido a poderosos, liberado a narcotraficantes, otorgado amparos en acciones que no benefician al pueblo, y defendido los intereses de quienes ostentan el poder económico.
Considero que es momento de que el Poder Judicial, en especial los trabajadores y la gente más consciente, reflexionen y reconsideren esta acción que va en contra de la voluntad mayoritaria de la población, la cual ha expresado su deseo de reformar el Poder Judicial y de implementar el Plan C, apoyando a los actores que llevarán a cabo estos cambios. Es decir, han manifestado su respaldo a los diputados, al Poder Ejecutivo y a las instancias capaces de transformar el país, como lo exige la mayoría de la población.
Es necesario que los diputados actúen conforme a este mandato, y que el Poder Judicial también acate la voluntad popular. Es fundamental una autocrítica, reconocer que existen fallas graves que deben corregirse para avanzar hacia una sociedad moderna, ya que no podemos permitir que el Poder Judicial permanezca rezagado.
Si bien los derechos de los trabajadores son importantes y la ley debe respetarlos en la carrera judicial, esto no elimina el problema de fondo. La verdadera propuesta que renovaría el Poder Judicial es la elección de los jueces. Me refiero a una carrera académica y una oposición rigurosa que demuestre la capacidad de los candidatos para ejercer el cargo. Estoy seguro de que tanto los jueces como la población comprenderán este punto.
En este proceso de oposición, los candidatos deben presentar sus currículums y demostrar in situ su competencia para el puesto. Así es como debería funcionar la carrera judicial. Con la nueva reforma, los candidatos deberán demostrar su formación académica, su preparación y su competitividad, y, una vez superada esa etapa, someterse a la elección.
Este proceso sería mucho más exigente y transparente. No se trata de acomodar a un sobrino o a un amigo, enviarlos a estudiar, que acumulen cursos y luego pasen sin mérito real. Actualmente, el Poder Judicial está plagado de nepotismo, lleno de familiares y amigos, que son precisamente quienes se oponen a una transformación.
El Poder Judicial debe estar compuesto por personas aptas y capacitadas, que accedan a sus cargos mediante una carrera judicial, superen una oposición y luego pasen por un proceso de elección popular. La ciudadanía debe tener la oportunidad de decidir: “Este candidato tiene una carrera sólida, tales calificaciones y cursos. Podemos votar por él o por otro”. De esta forma, el proceso sería mucho más claro.
Esa es la demanda y, de alguna manera, lo que propone la reforma judicial. Así que, señores, preocúpense por limpiar su currículum, porque muchos jueces están siendo observados por sus pares debido a su forma de actuar, y lo saben. Si no son cómplices, deben asumir la responsabilidad de cómo la corrupción circula en el sistema.
Es momento de una reflexión crítica, y estoy convencido de que podremos transformar el andamiaje judicial.
Revolcadero
¿Han visto ustedes el estilo de vida de jueces y magistrados? Los trabajadores del Poder Judicial aunque ganan bien, no se compara al de jueces y magistrados. Mucho menos al de los trabajadores de Acapulco.