CIUDAD DE MÉXICO, 11 de agosto de 2021.- Con 447 votos a favor y dos abstenciones de los morenistas, Paola Tenorio y Agustín Rubio, el Pleno de la Cámara de Diputados, erigido como jurado de procedencia, aprobó el dictamen de la Sección Instructora en el sentido de retirar el fuero constitucional al diputado de Morena Saúl Benjamín Huerta Corona, sobre quien pesa tres acusaciones de abuso sexual, el último de ellos contra un menor de 15 años.

“Ha lugar a proceder penalmente en contra del diputado federal Benjamín Saúl Huerta Corona; segundo, notifíquese a las partes el sentido de la presente resolución en términos de la normatividad aplicable y publíquese en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Tercero, téngase por concluido el procedimiento emanado de la solicitud de declaración de procedencia y archívese el expediente SI/LXIV/DP/03/2021 en términos de la normatividad aplicable.

“La presidencia autoriza a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados para que realice las notificaciones correspondientes”, detalló la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho.

Ante la argumentación presentada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, autoridad que solicitó el desafuero del legislador morenista, los legisladores de todos los partidos coincidieron en la gravedad de los hechos destacando que, sin importar de quien se trate no se puede dejar pasar y debe responder, y si es inocente debe probarlo ante la autoridad que lo requiera.

Durante la discusión, el presidente de la Sección Instructora que elaboró el dictamen, Pablo Gómez, rechazó los dichos de los abogados que señalaron que el proceso estaba desaseado y había un interés político al respecto, lo que negó rotundamente.

“En este Jurado no existen grupos parlamentarios, hay diputadas y diputados, no es un asunto de la competencia legislativa o de control político del Congreso. Es el responder a una solicitud presentada por el Ministerio Público.

El MP nos solicita que declaremos la procedencia a la acción penal contra una persona que, teniendo inmunidad procesal penal, sostiene el Ministerio Público, probablemente cometió un delito y debe ser puesto a disposición de las autoridades, esa es la petición”, argumentó.

Por: Quadratín Guerrero.