ACAPULCO, Gro., 16 de diciembre de 2022.- La dilación en atención a los procesos jurídicos, falta de asesores e inaccesibilidad a los expedientes en las denuncias por desaparición de personas persiste entre autoridades estatales, fiscalías y ministerios públicos, denunciaron integrantes del colectivo Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos durante el foro Desaparición y eliminación de violencia contra la mujer.
La madre de Marisol Flores Cruz, mujer desaparecida en la colonia Morelos en 2017, la señora Marcelina Cruz denunció que fue ignorada cuando intentó formalizar la denuncia por desaparición de su hija un día después de que no tuvo noticias de ella.
“Uno ignora los derechos que uno tiene. Tenemos derecho a que se nos escuche, el derecho a exigir dónde están. Incrementen las búsquedas, queremos saber de nuestros desaparecidos, de todos”, contó en el panel que se desarrolló en un auditorio de la Universidad Americana de Acapulco, donde pidió que haya castigo y no haya impunidad.
Contó que la rechazaban en el Ministerio Público porque el protocolo hace cinco años era esperar 72 horas para comenzar la búsqueda y, cuando acudió a formalizar la denuncia, en un intento por contar con una compañía de la carpeta de investigación, no había tal, por lo que tuvo que comenzar con el proceso jurídico para la búsqueda de Marisol.
En el panel participaron la fiscal especial de Feminicidios Cinthya Velázquez Sánchez, quien habló de los derechos que tienen las víctimas directas e indirectas de desaparición.
Las víctimas indirectas, dijo, tienen derecho a conocer el proceso desde que realizan la denuncia y en cada proceso de la investigación de las autoridades, así como a la participación en la búsqueda.
Asimismo la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero Cecilia Narciso Gaytán afirmó que las víctimas indirectas o familiares de las víctimas directas, se enfrentan todos los días por el peregrinar ante las instancias por omisiones en la búsqueda por justicia.
Otro participante fue el comisionado estatal de Búsqueda de Personas Arturo Solís Felipe, quien afirmó que son insuficientes los recursos, el número de ministerios públicos y el presupuesto para atender una demanda social que ha crecido ante la desaparición de personas.
Los tres servidores públicos advirtieron un momento complicado ante las limitaciones presupuestales, no obstante aseguraron que existen esfuerzos conjuntos entre instituciones públicas para que haya justicia para las víctimas.
Por: Quadratín Hernández