ACAPULCO, Gro., 13 de febrero de 2023.- El presidente de la asociación Protección Ecológica Subacuática Ramiro Gómez Pardillo consideró que la clausura de uno de los puntos donde fue rellenada la laguna de Tres Palos por Casas Ara en el puerto es endeble y no refleja la obligación de las autoridades de salvaguardar un bien nacional.
Exigió la aplicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) en cuanto a remediación del daño al ecosistema, la cual que prevé mitigación y, que se restablezca el estado similar previo al daño, no solo que el desarrollador presente un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) autorizado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En entrevista telefónica, consideró que en el proceso que inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hicieron durante tres días, debió participar la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ya que de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, le corresponde la vigilancia, tanto para emitir concesiones en cuerpos de agua como de actividades acuáticas en aguas nacionales.
“El sistema lagunar es de interés nacional, interviene la ley de bienes nacionales, el cuerpo de agua no es propiedad de (Casas) Ara ni de ningún desarrollador, constructor, ejido o comunidad, es propiedad de la nación”, resaltó.
Argumentó que Profepa, al igual que la Conagua, debieron sustentar jurídicamente el daño ambiental para entregar una demanda penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dieran fe del daño ambiental que los desarrolladores han causado al cuerpo de agua, aplicables ante los delitos ambientales.
Ambientalistas que conforman la agrupación Agenda Ambiental Ciudadana denunciaron la tala de bosque de manglar y relleno con tierra en dos puntos de la laguna de Tres Palos, uno rumbo a la zona Diamante y otro frente al poblado San Pedro las Playas, en la zona rural de este puerto.
Como informó Quadratín Guerrero, organizaciones ambientalistas difundieron imágenes que muestran el vaciado de tierra en el cuerpo de agua, y posteriormente, el documento en el cual la Profepa notificó la colocación de sellos de clausura en dicho sitio también circuló en redes sociales.
Gómez Pardillo lamentó que para cualquier ciudadano o integrante de asociación civil es más complejo sustentar una denuncia penal, pues deben contar con pruebas notariadas y verificar el daño ambiental.
Indicó que el problema para la sociedad civil es que el acceso a la zona del delito no es permitido por los mismos desarrolladores que tienen vigilancia, por lo que estarían invadiendo propiedad privada y sujetos a una demanda penal, como ocurrió en el caso de Bungalows Playa Azul, ubicado en Coyuca de Benítez, y del que el fallecido ex delegado federal de la Semarnat y activista ambiental, Leonel Lozano Domínguez fue demandado.
Por: Quadratín Guerrero