Por: Misael Habana de los Santos.
Especialistas en asuntos religiosos están hablando mucho sobre el intervencionismo de la Iglesia, especialmente la Iglesia Católica Apostólica Romana Mexicana, en los asuntos públicos, violando las leyes del Estado laico mexicano.
Se han denunciado sacerdotes que instan a su feligresía a votar en contra de los candidatos de Morena, argumentando que es el partido de la muerte por legalizar el aborto en todos los estados.
Frente a miembros del clero que intervienen en la vida pública, se busca la aplicación de la ley a través de la Secretaría de Gobernación.
Desde la época de Juárez, las iglesias en este país tienen limitaciones en su funcionamiento: la religión es un asunto privado decidido por cada ciudadano, practicado en casa o en los templos, según lo establecido por las Leyes de Reforma que determinaron la laicidad del estado mexicano.
Una respuesta al intervencionismo de la iglesia en la esfera pública y su sumisión al conservadurismo internacional.
Hace días, una senadora de un partido conservador atacó a los seguidores de la Santa Muerte, mostrando una imagen de ella, acción cargada de odio hacia quienes profesan esta fe, así como hacia otra iglesia no reconocida oficialmente, pero venerada por muchos.
No se puede permitir el discurso de una iglesia en contra de otra, ya que se interviene en la vida interna de otro grupo.
La iglesia afirma que el gobierno de la 4T llevará a México al comunismo y aboga por no votar por Morena, instando a votar por aquellos que defienden la vida (PRI, PAN, PRD, MC), aunque nieguen hacer política desde el púlpito, lo cual contradicen con sus acciones diarias.
La desaparición del obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel, encontrado golpeado y con rastros de cocaína y Viagra, provocó una campaña mediática del Consejo Ecuménico Mexicano (CEM) en contra del gobierno federal y local de Guerrero y Morelos, en sincronía con diversas personalidades y asociaciones conservadoras que apoyan a la candidata a la presidencia de la República Xóchitl Gálvez.
Tras el hallazgo del obispo, sus defensores retrocedieron en sus ataques contra el presidente AMLO y la gobernadora Evelyn Salgado.
La institución religiosa debe revisar y corregir el comportamiento social, privado y ético de sus miembros, lo que ha mermado la credibilidad de la iglesia católica.
No evadir las presuntas responsabilidades delictivas de sus sacerdotes ni sus obligaciones como presuntas víctimas o infractores salvará a la iglesia de la condena pública que sus feligreses ya están pronunciando sobre estos hechos.
El obispo emérito debería ser citado para declarar y esclarecer responsabilidades. Su acto de perdón a “sus captores” levanta dudas sobre la posible participación de autoridades en los hechos.
Sin embargo, la negativa a declarar ante las autoridades judiciales y el perdón a los victimarios confirman la doble moral de algunos miembros de la iglesia al enfrentar las realidades del mundo.