• Rechaza especialmente aquella que busca coartar la libertad de expresión y la libre manifestación de ideas.
• La Mesa Directiva reitera su deber de expresar la unidad del Pleno y garantizar el respeto de los derechos de las y los legisladores
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, rechazó y condenó enérgicamente cualquier expresión de violencia, especialmente aquella que se encamina a coartar la libertad de expresión y la libre manifestación de ideas de las y los legisladores.
En un pronunciamiento leído por la presidenta, diputada Dulce María Sauri Riancho, la Mesa Directiva reiteró su deber de expresar la unidad del Pleno, así como de garantizar el respeto de los derechos de las y los legisladores.
Durante la sesión presencial, la diputada Sauri Riancho expresó que con base en el artículo 22, numeral uno, de la Ley Orgánica del Congreso General, corresponde a la presidencia de la Mesa Directiva garantizar el respeto de los derechos de las diputadas y diputados.
Refirió que el fin de semana pasado ocurrieron dos incidentes en donde se vieron involucrados el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, y la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, de Morena.
En consecuencia, y por acuerdo de los integrantes de la Mesa Directiva, hizo los siguientes pronunciamientos:
“Respecto del incidente relacionado con el diputado Gerardo Fernández Noroña, esta Mesa Directiva rechaza y condena enérgicamente cualquier expresión de violencia, especialmente aquella que se encamina a coartar la libertad de expresión y la libre manifestación de ideas de las y los legisladores dentro y fuera de este recinto legislativo”.
“Respecto del incidente relacionado con la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, esta presidencia y la Mesa Directiva reitera su deber de expresar la unidad de este Pleno, así como de garantizar el respeto de los derechos de las y los legisladores”.
Por ello, dijo, se exhorta a las autoridades municipales involucradas a que se aseguren que la actuación de sus cuerpos de seguridad se ajuste a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia y profesionalismo, así como a que revisen que los procedimientos que llevan a cabo salvaguarden los derechos de las y los parlamentarios a que se refiere el artículo 61 constitucional.