Por: Misael Habana de los Santos
Los Motivos de El Lobo!
Muertes, mentiras y videotape parafraseando el polémico film estadounidense de Steven Andrew Soderbergh(1989) es lo que hay en entorno a la desaparición y muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace seis años.
Los muertos los pusieron los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos; las mentiras el Estado, iniciadas en el Poder Judicial del Estado, en voz de su entonces titular Lambertina Galeana Marín, quien declaró públicamente la inexistencia de algunos videos sobre los hechos ejecutados por la delincuencia organizada contra los normalistas.
“No se puede destruir lo que nunca existió”, justificó cuando se le preguntó sobre la pérdida y devastación del material videograbado.
Las protestas de los estudiantes de normales rurales y de padres de familia de los 43 de este lunes y este martes, en Iguala y Chilpancingo, a decir de Felipe de la Cruz Sandoval, vocero de los familiares, se debe a que esta “legislatura acordó la creación de la Comisión especial para el Caso Ayotzinapa, donde se llamaría a comparecer al presidente del Tribunal Superior de Justicia en Guerrero, Alberto López Célis, para rendir un informe sobre la desaparición de al menos 6 videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014”.
El Congreso del Estado de Guerrero carece de facultades para llamar a cualquier servidor público que tenga información sobre el caso Ayotzinapa, porque el asunto es de competencia federal desde hace seis años” me dice el ahora ex Procurador Iñaki Blanco, fiscal en el estado de Guerrero cuando sucedieron los hechos de hace seis años y quien también es actor importante de esta trama.
Quien verificó que la ex titular del TSJ mentía respecto a los videos fue el después titular del Poder Judicial, Robespierre Robles Hurtado, al aceptar que el equipo del Circuito Cerrado de Televisión (CCT) de la sede del TSJ en Iguala “es el mismo que videograbó los hechos del pasado 26 y 27 de septiembre de 2014 a la altura del puente del Chipote, localizado en la entrada sur de la ciudad”.
El presidente del Poder Judicial dijo a los familiares de las víctimas, después de comprometerse a realizar una investigación para conocer el destino que se le dio al video donde se registraron los hechos, que fue el encargado del departamento de Informática del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Iguala, Javier Uribe Iturbe, quien “entregó al agente del MP adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, Ernesto Ornelas Delgado, una USB que contenía un respaldo extraído del video del CCT correspondiente a los días 26 y 27 de septiembre de 2014”.
Incluso, él mismo presidente del TSJ aseguró que la copia de la videograbación se encuentra en el expediente PGR/SEIDO/UEIDM/001/2015.
Robespierre Robles, como funcionario hizo de las redes sociales una práctica rutinaria en la que informaba de su activa vida glamurosa como socialité, así como de sus acciones como cabeza de unos de los tres poderes del estado.
El 9 de marzo de 2016 posteó “En la reunión de hoy con los padres y familiares de los 43 jóvenes de la Escuela Rural de Ayotzinapa actualmente desaparecidos. La Justicia cerca de Ti. RRH”.
En esa reunión Robles Hurtado, les dijo a los familiares que ese poder del Estado “no cuenta con material videográfico, toda vez que el 24 de julio de 2015, en relación de los hechos con la averiguación previa PGR/SEIDO/UEDMS/001/2015, el encargado de informática del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Iguala, entregó una USB que contiene un respaldo extraído del Digital Video Recording del Circuito Cerrado de Televisión correspondiente a los días 26 y 27 de septiembre del 2014, al Ministerio Público de la Federación de la SEIDO”.
Explicó que la entrega de los videos a la PGR ocurrió durante el periodo anterior, con la magistrada Lambertina Galeana Martín al frente del Tribunal.
Aunque el 27 de agosto del año pasado, Galeana Martín había dicho que no existían esos videos que están en poder de la PGR; sin embargo, días después, el 14 de septiembre, indicó que “probablemente” sí existían.
Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) expresaron su preocupación por la pérdida de la videograbación.
Luego un tribunal federal consideró infundado el amparo presentado por el agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Seido, Ernesto Óscar Francisco Ornelas Delgado, quien recibió los videos del ataque a los normalistas en 2014.
Un tribunal federal desechó el amparo del agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Seido, Ernesto Óscar Francisco Ornelas Delgado, encargado de recibir una copia de los videos del Palacio de Justicia de Iguala, de las cámaras que captaron el momento en que un autobús con normalistas de Ayotzinapa fue atacado por policías preventivos y sicarios en septiembre de 2014.
“Para nosotros es bien importante que la gente sepa que si bien es cierto que son otras administraciones y otros gobiernos, pero también es cierto que siguen perdidos los videos donde hay evidencia clara que se llevaron a los jóvenes hacia Huitzuco para que el patrón decidiera”, expresó Felipe De la Cruz Sandoval.
Muertes, mentiras y videos es lo que se narra en esta apretada relatoría que trata de contextualizar, más no justificar, las manifestaciones de este 21 y 22 de septiembre de 2020 en Iguala y Chilpancingo, respectivamente, y en donde a 6 años podemos seguir gritando “nos faltan 43”.
¿Y de las protestas violentas? Ante tantas muertes, mentiras y destrucción de (pruebas) videos el lobo tiene motivos.