¿Jugó la suerte?
Desde inicios del gobierno municipal, presidido por Adela Román Ocampo, algunos medios de comunicación venían denunciando las irregularidades que ocurren en el organismo paramunicipal administrador del agua potable y drenaje en Acapulco, la CAPAMA.
El asunto se viene arrastrando por años: es responsabilidad en gran medida, de los gobiernos anteriores del PRI, MC, PRD y en estos últimos dos años, del partido Morena del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Llamada “la caja chica”, en realidad la caja grande, del PRI, que financió campañas políticas electorales de sus militantes y sus administradores desde la presidencia municipal, saquearon los recursos del organismo como un pozo profundo que se creía inagotable.
La CAPAMA hizo millonarios a políticos que hoy, en algunos casos, siguen en activo buscando puestos de representación popular para aplicar el mismo libreto de esta trama de corrupción en otros ámbitos con el dinero de los guerrerenses.
Con la llegada del gobierno de Adela Román Ocampo al poder municipal, los ciudadanos que le dieron el voto a Morena creyeron en la prometida transformación de la administración pública, transparencia y combate a la corrupción.
Sin embargo, una de las primeras acciones del actual gobierno municipal, fue colocar al frente de la CAPAMA a personajes cuestionados y con antecedentes corruptos a su paso por la administración pública en los gobiernos del vilipendiado PRI.
Ante la presión mediática, la alcaldesa pidió la renuncia al equipo de Mario Pintos y se nombró a Leonel Galindo González, que se rodeó de un grupo variopinto en el que destaca el amiguísmo, el nepotismo, más que el currículum o el perfil profesional que requiere un organismo para el manejo y la administración del agua.
Un año después, sin cambiar la estructura corrupta de la paramunicipal a este equipo, por presión mediática, se les pide la renuncia sin saber aún quiénes serán los superhombres que rescatarán a la quebrada CAPAMA de todas las irregularidades señaladas.
Y Galindo González, sus amigos y familiares se van, no precisamente por acciones directas que los involucre en la corrupción que impera en el organismo, aunque a hurtadillas, abrir los cárcamos de aguas negras y arrojarlas a la bahía en un día de lluvia, para su mala suerte grabados en directo y a todo color, es más que una acción corrupta, es un acto salvaje, inhumano y un delito grave que amerita penas legales definitivas y contundentes, que eviten vuelvan a ocurrir.
Aunque la mayor cantidad de descargas, mucho más agua apestosa de las que vio el mundo a través de un bendito video, se tiran cotidianamente a la bahía más hermosa del mundo, dice la publicidad, sin que se transmitan por Facebook.
La descomunal descarga de aguas negras a la bahía de Santa Lucía del pasado 25 de junio que convierte a los funcionarios municipales en delincuentes ambientales no tiene perdón de nadie.
Aunque para ser justos, hay que decir que la infraestructura para la recolección de las aguas servidas y su saneamiento no se averió en estos dos últimos años, decía, viene del pasado.
Pero, ¿por qué el grupo de técnicos encargados de esta función no dieron a conocer a la presidenta municipal la información diagnóstica de las condiciones en que se recibía la CAPAMA?
Y si la proporcionaron, ¿por qué el gobierno municipal no procedió y puso la denuncia respectiva en la Controlaría o las instancias pertinentes contra el gobierno o gobiernos municipales anteriores, presuntamente responsables del quebranto del organismo?
Así que el anuncio de la presidenta de este martes, la renuncia de todo el cuerpo directivo de la CAPAMA, incluyendo a su director Leonel Galindo González, debido a la falta de agua en el puerto, tras el vertimiento masivo de aguas residuales a la bahía, no era una acción esperada en contra de su equipo, en contra de ella misma, es una respuesta pragmática para salvarse antes que el río de aguas sucias la arrastre. Como se dice por acá: “De que lloren en mi casa a que lloren en la tuya, mejor que lloren en la tuya”. La justicia federal ha dado muestras de existencia.
En conferencia de prensa virtual, la presidenta municipal explicó que esta acción es para llevar a cabo una auditoría financiera, administrativa y operativa de la paramunicipal.
Asimismo indicó que se iniciarán investigaciones y se interpondrán denuncias penales contra quienes hayan cometido presuntos sabotajes a la CAPAMA.
También pidió la renuncia de la directora de Ecología, Guadalupe Rivas Pérez, para facilitar la investigación sobre edificios que vierten aguas negras de manera clandestina a la bahía de Acapulco.
La alcaldesa habló de sabotaje, habló de clausuras de inmuebles a los que se les compruebe que tiren desechos al mar y afirmó que se procederá penalmente contra funcionarios y trabajadores de CAPAMA que estén involucrados. Si quieren hay mucha tela de dónde cortar, ahí sin buscar tantos chivos expiatorios.
“Ya basta de un Acapulco sin agua. Ya basta de que quienes nos dañan se queden sin castigo”, puntualizó.
Los acapulqueños de bien debemos tomarle la palabra a la alcaldesa y apoyar estas acciones si en los hechos quiere poner orden y luchar contra la corrupción en la CAPAMA y en el gobierno municipal.
¿Será que ha llegado la hora de aplicar los preceptos que impulsa el ideario de la 4T y su líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador en Acapulco?
Las medidas anunciadas en conferencia virtual comprometen a la presidenta ante la opinión pública y la ciudadanía acapulqueña quien sabrá premiar o castigar el cumplimiento de las acciones dadas a conocer.
La consumación de estas promesas y el castigo a los responsables será un compromiso público finalizado y un generalizado reconocimiento de la sociedad a su gobierno.
Lo contrario, el no desempeño de ello, el gatopardismo, seguramente tendrá un costo político electoral incalculable para la presidenta y su equipo de trabajo.
Todo indica que hoy se jugó la suerte sobre el futuro político de Adela Román Ocampo y su grupo, fue echada un día martes de julio de 2020. Corren las apuestas.
Fuente: Quadratín Guerrero